Reblog: Los usuarios de transporte deben informarse y obrar de buena fe: también en tiempos de Covid-19

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“Uno de los bienes jurídicos protegidos por el derecho de consumo es la libertad de elección. Para un ejercicio efectivo de esa libertad, el Estado interviene buscando que los prestadores de los servicios revelen los aspectos determinantes de lo que ofrecen, para que un “consumidor racional” pueda entender las condiciones en las que está contratando.

(…) Pero, asimismo, debe rescatarse que esos mecanismos de revelación mandatoria de información, a su vez, generan dos deberes para los usuarios, contenidos en la ley 1480 de 2011. Veamos.

1. Informarse: en la medida que el empresario haya cumplido su tarea de suministrar información oportuna, clara, veraz y suficiente, los usuarios deben cumplir su parte, es decir, consultarla antes de realizar la compra. Esto evitará frustraciones y litigios innecesarios.

A ese respecto, es importante entender que conceptos como el de “consumidor racional” o el “consumidor promedio”[1], corresponden a la presunción de un cierto nivel de sagacidad y perspicacia esperada de los compradores dentro de un mercado. A ese respecto, ya otras autoridades con funciones de protección del consumidor han señalado que “si el error es generalizado, el origen del mismo se encuentra en la información; pero por el contrario, si el error es aislado, la falla en el entendimiento de la información no se encuentra en ésta, sino en los pocos individuos o casos aislados que interpretaron equivocadamente la información, por lo cual el error será atribuible a ellos y no a la comunicación ni el anunciante”.[2]  Entonces, deberá valorarse en cada caso si es un error aislado, generado por la falta de diligencia del usuario en leer la información puesta a su disposición.

(…) 2. Obrar de buena fe. El segundo deber de los consumidores frente al manejo de la información es “obrar de buena fe frente a los productores y proveedores, como también a las autoridades públicas”. Esto quiere decir que un usuario no debe abusar de sus derechos,[3] ni debe aprovecharse del error de los empresarios cuando el error es ostensible y evidente a los ojos del consumidor medio.

Ya en sentencias judiciales se ha concluido que ese aprovechamiento del consumidor sobre el error de los empresarios contravendría principios constitucionales como la buena fe, la prohibición del abuso del derecho y el principio de solidaridad.[4]

Fuente: Universidad Externado de Colombia

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