La Superintendencia de Transporte es la autoridad administrativa competente para conocer asuntos de protección a usuarios de transporte terrestre.

Ver concepto acá:

El pasado 11 de mayo de 2020, la Sala de Consulta y Servicio Civil se pronunció con ocasión de un conflicto de competencia positivo entre la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Transporte en relación con la protección a usuarios del sector transporte terrestre.

El objeto de la decisión es “establecer la autoridad competente para adelantar las investigaciones administrativas por presuntas infracciones a las normas sobre protección al usuario del servicio de transporte, relacionadas con el programa de fidelización “Viajero Expreso”, de la sociedad Expreso Bolivariano”.

Luego de referirse al concepto, alcance constitucional y evolución de la disciplina de la protección al consumidor en Colombia, precisa el ámbito de aplicación de la ley 1480 de 2011, su aplicación suplementaria y la existencia de regímenes especiales en esta materia (como servicios públicos, salud, financiero, turismo, transporte aéreo).

A este respecto, alude que “La existencia de regímenes especiales en materia de consumo es una medida útil y razonable para lograr una protección más eficaz de los derechos de los consumidores. Lo anterior, habida cuenta que los sectores de la economía responden a dinámicas distintas, lo que hace también diferentes las necesidades y las relaciones de los productores y distribuidores, con los consumidores”.

Por otra parte, en punto a la competencia de varias autoridades administrativas dentro del sistema de protección al consumidor señala que “el establecimiento de autoridades especializadas para la protección de los consumidores, permite que las controversias sean resueltas por personas expertas que conocen las realidades y dinámicas propias del sector. Esto contribuye, además, a una mayor seguridad jurídica y a una resolución más expedita de los conflictos”.

Con ello indica que la SIC cuenta con “competencia general en materia de protección al consumidor, tal como lo establece el artículo 59 de la Ley 1480 de 2011[1]” y hace un recuento de otras autoridades administrativas competentes en esta disciplina jurídica, entre otras, la Superintendencia Financiera, Superintendencia de Economía Solidaria, Superintendencia de Servicios Públicos, el INVIMA, la Superintendencia de Transporte, quienes integran la Red Nacional de Protección al Consumidor, cuya secretaría técnica está en cabeza de la SIC.

Con lo anterior, concluye el Consejo de Estado que:

  1. “Las quejas presentadas contra la sociedad Expreso Bolivariano se refieren al programa «Viajero Expreso».
  2. La sociedad manifestó a la ST que el programa «Viajero Expreso» es un programa de fidelización
  3. Los programas de fidelización son concebidos por la doctrina especializada como una promoción[2]
  4. El servicio público de transporte consiste en la movilización de personas o cosas a través de distintos medios.
  5. Una de las modalidades del servicio de transporte es el servicio público de transporte terrestre.
  6. De acuerdo con los artículos 5, 12, 12A y 13 del Decreto 2409 de 2018, la Superintendencia de Transporte es competente para inspeccionar, vigilar y controlar la protección de los usuarios del sector transporte.
  7. La SIC tiene una competencia residual en materia de protección de los consumidores, pues solamente puede conocer de asuntos cuya competencia no ha sido asignada a otra autoridad
  8. En línea con lo anterior, la SIC ha indicado que es competente para conocer de los asuntos relacionados con los programas de fidelización, siempre y cuando dicha competencia no se encuentre radicada en cabeza de otra entidad
  9. Aunque el programa de fidelización «Viajero Expreso» corresponde en estricto sentido a una promoción, no puede desconocerse que se encuentra íntimamente ligado al servicio público de transporte, pues a través de el se ofrece, informa, publicita y accede al referido servicio”.

[1]Indicando además que también “es competente para conocer de violaciones a los derechos de los consumidores en actividades económicas específicas, tales como: i) turismo (artículo 1º del Decreto 4886 de 2011 y artículo 3º del Decreto 4176 del 3 de noviembre de 2011), ii) juegos promocionales (artículo 1º del Decreto 4886 de 2011), iii) servicios postales (artículo 21 de la Ley 1369 de 2009 y artículo 1º del Decreto 4886 de 2011) y iv) comunicaciones (artículo 1º del Decreto 4886 de 2011). Asimismo, con la liquidación de la Agencia Nacional de Televisión, la SIC asumió la protección de los consumidores en las materias que tenía a su cargo dicha entidad”

[2]El Consejo de Estado, citando a la SIC refiere que “Las promociones son estrategias de mercadeo que emplean los anunciantes encaminados a motivar a los consumidores en su compra y contemplan las posibilidades de ofrecer contenidos adicionales o precios menores a los habituales para un producto determinado. También debe considerarse como promoción, entre otros descritos por la norma, la utilización de planes de fidelización, mediante los cuales el productor y/o proveedor busca que los consumidores sean leales a sus productos o servicios, entre los cuales el más conocido es la acumulación de puntos.  […]  Es decir, estando permitido para el empresario (productor y/o proveedor) realizar estrategias de mercadeo tales como los programas de fidelización, de la forma que considere más adecuada a sus intereses, es posible que este pueda restringir el acceso a sus empleados (consumidores) a dicho incentivo, informando de forma clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea los requisitos para acceder a la promoción, pues el incumplimiento de este precepto, hará responsables a proveedores y/o productores por la vulneración de las normas de protección al consumidor”. SIC. Concepto. Radicación: 16- 397176 -00001-0000. Véase igualmente: SIC. Concepto. Radicación: 18- 206583 -00001-0000.

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