Ley de competencia: Procuraduría pide inexequibilidad del artículo 26

Dentro del proceso de constitucionalidad que se adelanta respecto del artículo 26 de la ley 1340 de 2009 (ley de protección de la competencia), la Procuraduría General solicitó que se declarara la INEXEQUIBILIDAD parcial del artículo 26, en el cual se previó: “Imponer a cualquier persona que colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia a que se refiere la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y normas que la complementen o modifiquen, multas hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción, a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

Señaló el Procurador que “el legislador estableció la cuantía de la sanción en un momento ulterior al de la comisión de la conducta sancionable en el marco de procesos administrativos sancionatorios y, en consecuencia, se vulneran los principios de tipicidad y legalidad que conforman la garantía constitucional del debido proceso. (…) En ese orden de ideas, la norma bajo análisis es contraria al principio constitucional de legalidad, en la medida en que el legislador no determinó plena y previamente la cuantía de la multa a imponer. Esto es así porque el valor del salario mínimo mensual es objeto de modificaciones periódicas, lo que implica que el sujeto sancionado no tiene la posibilidad de conocer la cuantía de la sanción que le va a ser impuesta, bien sea el momento de formular el pliego de cargos o al momento de imponer la sanción

Para el Ministerio Público, no existe duda de la aplicación de los principios que rigen el derecho al debido proceso en el ejercicio del poder punitivo del Estado, el que se manifiesta, entre otros, a través de la imposición de las sanciones administrativas, y el correspondiente deber de aplicar criterios que aseguren los derechos de los administrados, como lo es que la sanción esté contemplada en una ley que determine en forma previa, taxativa, clara e inequívoca, así como la razonabilidad y proporcionalidad de la misma, a efectos de evitar al máximo la discrecionalidad del operador, en cumplimiento de su función de garantía del derecho a la libertad de las personas y asegurar la igualdad ante el poder punitivo estatal” .

Expediente: D0012594

Ir a entrada inicial.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s