Cambios doctrinales en asuntos de integraciones empresariales y competencia desleal 

Recientemente, la Superintendencia de Industria y Comercio ha promovido cambios doctrinales a través de sus decisiones, veamos:

Integraciones empresariales.

La postura de la SIC en materia de terceros interesados en integraciones empresariales, era la de aceptar su participación siempre y cuando se cumplieran los supuestos del artículo 19 de la ley 1340 de 2009

En la Resolución 90093 del 13 de diciembre de 2018, la Delegatura para la Protección de la Competencia se pronunció respecto de los terceros interesados en los procesos de integraciones empresariales, concluyendo que no tienen cabida en los procesos de evaluación de integraciones, por las siguientes razones:

  1. La ley prevé dos procedimientos en materia de derecho de la competencia: (i) el de integraciones empresariales que de naturaleza preventiva y ex ante y (ii) el de prácticas comerciales restrictivas que es ex post y de naturaleza sancionatoria.
  2. Cada proceso tiene su propias normas jurídicas: el de integraciones está previsto en el art. 4 de la ley 155/59 modificado por el art. 9 al 13 de la ley 1340/09 y el de prácticas restrictivas está previsto en el art. 52 del decreto 2153/92. Luego de pormenorizar cada proceso, concluye que cada proceso tiene sus propias particularidades, etapas procesales y consecuencias jurídicas.
  3. La figura de terceros interesados no está prevista en el régimen de integraciones empresariales: La participación de los administrados está prevista en el art. 10 de la ley 1340/09 que habilita a cualquier persona a presentar información y material de apoyo para el proceso de integración, sin que la norma les otorgue la condición de terceros interesados y sin que puedan intervenir bajo tal característica, lo que tiene impacto directo en la facultad de solicitar pruebas e interponer recursos.
  4. La falta de previsión de terceros interesados en el proceso de integraciones empresariales, no es un vacío que pueda ser suplido por el art. 19 de la ley 1340/09: La SIC, con base en la exposición de motivos y actas de debates en el congreso de la república, considera que se trató de una “decisión normativa consciente orientada a regular la participación de terceros en el referido proceso de integraciones empresariales de manera diferente de la forma en que esa participación se reguló en el marco de procedimiento de prácticas restrictivas de la libre competencia económica”.

Con todo, concluyó que con base en sus facultades legales, no solo recibe información de terceros sino que, la solicita a los competidores de los intervinientes en el proceso y a las entidades de regulación, control y vigilancia del sector correspondiente.  Así las cosas, en los procesos de autorización de integraciones empresariales no son aceptados los terceros interesados.

Competencia desleal.

 La postura de la Superintendencia, era la de no tomar en consideración la naturaleza jurídica de las partes en procesos de competencia desleal para determinar su jurisdicción. Mediante auto 10326 del 6 de febrero de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró su falta de jurisdicción para conocer de una demanda de competencia desleal interpuesta contra una empresa de comunicaciones, cuya naturaleza jurídica es el de una sociedad de economía mixta con capital público equivalente al 50.000012% y ordenó la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para el correspondiente reparto.

Al respecto, consideró que la sociedad es entidad de carácter público, conforme con los lineamientos del art. 104 del CPACA, por lo que le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativo la llamada a conocer la controversia de competencia desleal.

Citando la sentencia C 436/13 de la Corte Constitucional, explicó que las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia previstas en el art. 24 del CGP, “aluden únicamente a los asuntos civiles o mercantiles vinculados a los derechos de propiedad industrial y competencia desleal, lo que excluye el conocimiento por parte de esta entidad de asuntos de carácter administrativo”, y según lo previsto en el art. 13.2 de la ley 270/96, ejercerán función jurisdiccional,  las autoridades administrativas respecto de conflictos entre particulares.

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