Suspensión provisional de algunos artículos del decreto 1736 de 2012 medio del cual se corrigen unos yerros de la Ley 1564 de 2012 (CGP)

El  pasado 19 de diciembre de 2016, el Consejo de Estado* decretó la suspensión provisional de los artículos 3, 5, 6, 8, 9, 14, 16 y 18 del Decreto 1736 de 2012, expedido por el Gobierno Nacional,  mediante el cual se corrigieron unos yerros en la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso).

Resaltamos los siguientes:

  1. Competencia de los Jueces Civiles del Circuito en primera instancia.

La decisión del Consejo de Estado  suspende  “la corrección del yerro” realizada por el decreto al artículo 20 numeral 9 del CGP:

 La versión original del numeral 9 del artículo 20 del CGP era la siguiente:

Artículo 20. Competencia de los jueces Civiles del Circuito en Primera Instancia. Los jueces civiles del circuito conocen en primera instancia de los siguientes asuntos:

“(…)”

“9. De los procesos relacionados con el ejercicio de los derechos del consumidor” .  

El decreto 1736 de 2012 en su artículo 3 corrige el numeral señalado dejándolo así:

” 9. De los procesos de mayor cuantía relacionados con el ejercicio de los derechos del consumidor”.

El Consejo de Estado justifica su decisión aludiendo a que “el numeral 9 del artículo 20 de la Ley 1564 de 2012 radicó en cabeza de los jueces civiles del circuito la competencia para conocer de los procesos relacionados con el ejercicio de los derechos del consumidor, esto es, siguiendo el factor objetivo correspondiente a la naturaleza del asunto, sin atender la cuantía.    En el artículo 390 del Código General del Proceso, se siguió un criterio diferente al previsto en el numeral 9° del artículo 20, pues se indicó que los procesos en los que se juzgue la violación de los derechos de los consumidores, exceptuando las acciones populares y de grupo, se tramitarían por el proceso verbal o por el verbal sumario, atendiendo la cuantía.

Lo discutido en el trámite legislativo y que se cita en el decreto acusado ha sido el procedimiento bajo el cual se tramitan los procesos relacionados con la violación de los derechos de los consumidores (procedimiento verbal o verbal sumario), siguiendo para el efecto el factor objetivo de la cuantía, discusión que dio lugar a adicionar un parágrafo 3° al artículo 390 del Código General del Proceso, pero no se menciona ni se hace referencia alguna a lo atinente a la regla de competencia fijada en el artículo 20 de la Ley 1564 de 2012.

Por lo esbozado, en forma preliminar, el despacho considera que la adición de la frase «de mayor cuantía», no constituye la corrección de un error caligráfico o tipográfico, conforme lo autoriza el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913. El Ejecutivo procedió, como lo reconoce en el decreto acusado, a modificar una regla de competencia para enmendar un error de concordancia entre dos disposiciones legales, reformando el contenido de la disposición legal, lo cual no está autorizado por la disposición mencionada”.

2. Acciones populares y recurso de casación.

La versión orginal del inciso primero del artículo 338 del CGP era la siguiente:

Artículo 338. Cuantía del interés para recurrirCuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil.

El artículo 6 del decreto 1732 de 2012 corrige el inciso primero del  artículo 338 del CGP dejándolo así:

Artículo 338. Cuantía del interés para recurrir. Cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil.

El Consejo de Estado señala que el “objetivo de la corrección consistía en enmendar un error de concordancia entre los artículos 334 y 338 de la Ley 1564 de 2012”, en tanto que “en el trámite legislativo, el Legislador eliminó en el numeral 2° del artículo 334 la mención de las acciones populares como susceptibles del recurso de casación, la cual quedó redactada de la siguiente manera:

Artículo 334. Procedencia del recurso de casación. El recurso extraordinario de casación procede contra las siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia:

  1. Las dictadas en toda clase de procesos declarativos.
  2. Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria.
  3. Las dictadas para liquidar una condena en concreto.

Parágrafo. Tratándose de asuntos relativos al estado civil sólo serán susceptibles de casación las sentencias sobre impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho”.

“Sin embargo, el artículo 338 del Código General del Proceso, que no se menciona en el trámite legislativo al que hace referencia el decreto acusado, en su redacción original, al regular la cuantía del interés para recurrir en ejercicio del recurso de casación, indicó que se excluía de dicha cuantía las sentencias dictadas de las acciones populares, lo cual evidencia una incongruencia entre este artículo y el artículo 334 del Código General del Proceso.   El Ejecutivo, entonces, no procedió a corregir un error caligráfico o tipográfico, conforme lo autoriza el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, sino a reformar el contenido del artículo 338 del Código General del Proceso para hacerlo congruente con el artículo 334 del mismo estatuto eliminando la alusión que a las acciones populares hacía el artículo, lo cual no corresponde a una atribución autorizada por la disposición legal mencionada”.

*Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Expediente nro. 110010324000 2012 00369 00 (19, diciembre, 2016).

 

Un comentario Agrega el tuyo

  1. Reblogueó esto en Derecho y Política de Libre Competencia en América Latinay comentado:
    Un texto sobre un asunto procesal clave, particularmente para los casos de protección al consumidor, escrito por Mariné Linares, profesora de la Universidad Externado de Colombia.

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