Reseña del fallo del Tribunal Civil de Bogotá – Caso Asensi (Vivienda)

El pasado 7 de septiembre del presente año (radicación 2014-1624702), el Tribunal Civil de Bogotá resolvió el recurso de apelación interpuesto por las partes en el proceso jurisdiccional adelantado por la SIC con ocasión de la demanda presentada por Laura Moreno, apoderada de los propietarios de los apartamentos del edificio Asensi, que hacen parte del complejo Space en la ciudad de Medellín.   En términos generales, los apartamentos del edificio Asensi presentaron daños en su estructura, lo que generó que los consumidores tuvieran que desalojar el edificio e interpusieran ante la SIC una demanda en ejercicio de la acción de protección al consumidor para hacer valer sus derechos, en particular a la garantía, protección contra la información y publicidad engañosa y la indemnización de perjuicios derivada de esta última.   El Tribunal conoce en apelación el caso y sus consideraciones fueron las siguientes:

Orden de Garantía.  El Tribunal mantiene la orden de efectividad de garantía proferida por la SIC, la cual consistió en la devolución del dinero a los consumidores. En este aspecto,  concluye del material probatorio del expediente: (i) la existencia de un “ostensible”  incumplimiento de los requisitos mínimos de la norma sismo resistente – 98 NSR (RT  de construcción sismo resistente) (ii) con base en lo anterior, incumplimiento de los requisitos básicos de seguridad, resistencia y funcionalidad para la construcción (iii) imposibilidad de adicional mayor peso al edificio (iv) inhabitabilidad, (v) inviabilidad de reparar algunas unidades por requerir intervención total y (vi) la inexistencia de prueba que acredite que la demandada  cuente con la licencia de reforzamiento para efecto de realizar las labores de reparación.

Con base en lo anterior, el Tribunal sostiene que una orden de reparación sería desconocer el derecho a la seguridad e indemnidad previsto en el artículo 78 constitucional y 3 de la ley 1480/11 y por otro lado se vulneraría el derecho a una reparación integral, oportuna y adecuada de los daños sufridos. Así mismo, alude a que con una reparación “es muy difícil que pueda llegar a tener un nivel de seguridad que se esperaría de una edificación nueva, realizada con plena observancia de la normatividad” y “que por la naturaleza de los bienes y el uso a que estaban destinados, resultaría muy injusto constreñir a los demandantes a recibir unos edificios y unos apartamentos cuya reparación aun resulta incierta, por las razones ya reseñadas y es evidente que aun de producirse el reforzamiento o reparación, no se ha garantizado por parte de las demandadas que esos bienes tras la ejecución de esas obras, puedan quedar en mejores condiciones de seguridad e idénticas condiciones estéticas a aquellas que al menos en teoría ostentaban cuando fueron comprados”.

Relación de Consumo.  La SIC  ordenó la efectividad de la garantía a la sociedad Alsacia Constructora de Obras S.A. y desestimó declarar su existencia respecto de las sociedades Calamar CDO S.A.S., Lérida CDO S.A. y Gonela S.A.S., bajo el entendido, explica el Tribunal, que el contrato de compraventa de vivienda fue suscrito por los consumidores con la condenada en primera instancia, que  se ocupó de la producción y venta de los bienes, mientras que con las demás no existió ningún vínculo contractual.

En este aspecto, el Tribunal modifica el fallo de la SIC y establece la existencia de una “relación de consumo indirecta” entre los consumidores y las demás empresas demandadas considerando lo siguiente:  (i) Calamar S.A.S. Tiene la “condición de productor indirecto, pues precisamente al ejercer la matriz y el control interno por participación económica y por el derecho a emitir votos decisorios mayoritarios junto con la productora directa, Alsacia CDO, (…) queda estructurada la relación que echó de menos el fallador de primera instancia”.  Con lo anterior tenemos que la condición de control  configura la relación de consumo en tanto  la controlante “indirectamente está desarrollando el objeto social de la subordinada, que no es otro que el de la construcción o fabricación de bienes inmuebles”. (ii)   Lérida CDO S.A.  El Tribunal establece que esta empresa también está sometida a la matriz Calamar S.A.S. y concluye que “así no aparezcan las sociedades del grupo en los documentos como los constructores del edificio asensi o funjan como vendedoras de los inmuebles, esa relación de consumo se da , precisamente en virtud del control que ejercía la sociedad calamar de propiedad de la familia Villegas respecto del grupo de empresas y por la participación de esas sociedades al compartir los especialistas encargados del diseño estructural y realizar la producción conjunta de inmuebles tanto en el proyecto Space como en el Asensi”.  Explica, que la situación de control  no debe mirarse solamente desde la perspectiva de la ley 222 de 1995 sino que deben analizarse bajo las consecuencias que trae para el Grupo Empresarial su actuación como productor y su responsabilidad frente a los consumidores: “lo cierto es que tratándose de protección al consumidor tal y como se infiere el artículo 4 de la ley 1480/11 de aplicarse con prevalencia las disposiciones de dicha ley en particular el articulo 10 a cuyo tenor ante los consumidores la responsabilidad por garantía legal, recae solidariamente en los productores y proveedores respectivos, norma que se haya en consonancia en el articulo 78 de la CP (…), máxime cuando para el caso ni el decreto 3466/82  ni la ley 1480/11, excluyen al grupo empresarial, lo que pasa es que este debe tener la connotación de productor en forma directa o indirecta, (…) entonces si bien la sociedad Lérida CDO no aparece directamente como constructora o vendedora de los inmuebles, objeto de este proceso, ubicados en el proyecto asensi, indirectamente si lo es, no solo por la pertenencia al grupo empresarial sino porque (…) compartieron proveedores, diseñadores, calculistas, sala de ventas. luego bien le cabe la definición que sobre el productor trae el anterior  estatuto de protección al consumidor reiterada casi en los mismos términos por la ley 1480/11″.  Finalmente, alude a que “indirectamente todo el grupo empresarial estaba tras la producción de todos los proyectos que se construyeron y comercializaron con la marca CDO” y que  “y tan indirectamente estaba embutido el grupo empresarial como productor de los proyectos que se identifican con la marca CDO” que la representante legal de la Sociedad Alsacia, a la pregunta de si contaban con los recursos para el reforzamiento del edificio, contestó que “estaba a la espera de lo que pasara con el grupo empresarial” (iii)  Gonela SAS. Según el artículo 20 de la Ley 1480/11 “productor es cualquier persona que imponga su marca, nombre o cualquier signo distintivo en el producto” y en tanto la marca CDO es de propiedad de tal sociedad, la condición de productor está acreditada.

Siendo así, y al establecer la existencia de la relación de consumo con el grupo empresarial, la sentencia se hace extensiva a sus integrantes y por ende serán responsables por su cumplimiento.

Información y publicidad engañosa. Precisando de antemano que la declaratoria de información y publicidad engañosa puede dar lugar a la pretensión indemnizatoria, el Tribunal afirma que la SIC negó la pretensión relacionada con este aspecto, por cuanto “los demandantes no demostraron que antes de la adquisición de los bienes, se les suministró información sobre la sismo-resistencia o las características técnicas de la edificación, que al respecto solo obra el dicho de los autores, lo cual no puede tenerse como prueba del hecho”. y que “el derecho legal de la simple confianza en el mercado, lo que suponía que confiaran que los bienes fueron construidos con respeto a la norma técnica, ello no resulta suficiente para derivar el perjuicio por publicidad engañosa”.

En este aspecto, modifica el fallo de la SIC bajo el entendido que en los contratos de promesa suscritos por los los consumidores se incorporó una cláusula en donde se establece el cumplimiento de las normas de sismo-resistencia, por lo que, no debió pedirse prueba adicional a la demandante de la información solicitada,  más aun, teniendo en cuenta que la demandada no alegó ni probó ninguna causal de exoneración de responsabilidad de las previstas en el art. 24 de la Ley 1480/11.

Indemnización de perjuicios derivados de la información y publicidad engañosa. Explica el Tribunal, haciendo alusión nuevamente al derecho de reparación integral, oportuna y adecuada del daño, que hay lugar a conceder dicha pretensión, en tanto aparece acreditada la existencia de información y publicidad engañosa y que el daño sufrido por los consumidores está suficientemente demostrado.  (i) Perjuicios materiales: Para tal efecto el Tribunal tiene en cuenta “los perjuicios por la perdida de la valoración de los bienes, generada por los graves defectos encontrados en su fabricación, situación que les impidió a los demandantes no solo utilizar los bienes dándole el uso para los cuales adquirieron vivienda, sino también el de beneficiarse de su valorización comercial”.  En cuanto a la pretensión por concepto de mejoras y de escrituración, el Tribunal no los concedió aduciendo que las pruebas documentales que dan cuenta de ellos solo fueron aportadas en copia simple, las cuales “no gozan de valor probatorio, salvo en los eventos contemplados en los artículos 254 y 268 de ese estatuto procesal”.  En cuanto a los gastos de arriendo y vivienda también fueron desestimados, por cuanto desde que se desalojó el edificio los constructores han entregado un subsidio para tal fin y no aparece prueba de que éste no fuese suficiente. (ii) Perjucios morales:  Es de precisar que en este aspecto no había ninguna pretensión de la demandante, no obstante, el Tribunal alude a que no puede desconocer que aparece plenamente demostrado en el expediente y “que debe ser reconocido de manera Extra Petita razón por la cual para tratar de esta manera de dar cumplimiento a la reparación integral que impuso el legislador en el articulo 3 de la ley 1480/11 numeral 1.5 en concordancia con el articulo 16 de la ley 446/98”.  Para tal efecto, considera acreditado este daño por los siguientes hechos de los que da cuenta el dictamen pericial: “A. Enormes niveles de estrés y angustias por el riesgo de la vida propia y sus seres queridos. B. El desespero y la desesperanza por la eventual pérdida de un patrimonio familiar conseguido y acumulado con esfuerzo y trabajo. C. La desorganización de la vida familiar y el proyecto de vida que como ocurre con muchas personas en el país, se proyecte con base en una vivienda estable. D. La desestabilización familiar y personal que implica perder la vivienda propia y pasar a una situación de vivienda temporal con familiares amigos o en arrendamiento”.

Prelación del pago de la sentencia.   A partir de los principios y derechos de los consumidores, consagrados en el art. 78 de la CP y la Ley 1480/11, enfatizando en que las normas deberán interpretarse de la forma más favorable al consumidor (art. 4 Ley 1480/11), que el juez “resuelve sobre las pretensiones de la forma que considere más justa para las partes” según lo probado, con facultades, ultra, extra e infra petita   y que emitirá “las ordenes a que haya lugar con la indicación de la forma y términos en que se deberán cumplir”, concluye que los “principios protectores de los consumidores se verían totalmente desconocidos de aceptar que las obligaciones que emanan del proceso de protección al consumidor se dejaran para ser cubiertas dentro del grupo de quinta clase, postergados como créditos litigiosos en cuantía indeterminada, que es la decisión que hasta ahora han adoptado los liquidadores de las empresas demandadas; decisiones que si bien son legales -pues están conforme a las normas que sobre privilegios ha establecido el liquidador- no se ajustan con los postulados constitucionales donde emana los reseñados principios, entonces, con la finalidad de que la protección al consumidor sea realmente efectiva y que el fallo se ajuste a la protección constitucional, la sala dispondrá que las condenas que acá se impongan a las sociedades demandadas, se paguen a los demandantes en igualdad de condiciones con los gastos que genera el reforzamiento que han sido incluidos dentro del gasto de administración, orden que no afectará de manera sensible a lo resuelto en el proceso liquidatorio”.

 

 

 

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