La competencia de la SIC en asuntos de “productos milagro” y la exigencia de pruebas técnicas.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 9 de julio 2015, con ponencia del magistrado Fredy Ibarra Martínez, respalda la posición de la SIC en punto a dos aspectos sensibles y bastante discutidos por los investigados en las investigaciones relacionadas con los denominados “producto milagro” como son, (i) su competencia para conocer de las investigaciones administrativas y (ii) la inexistencia de violación al debido proceso al no practicar pruebas periciales que den cuenta de los atributos de los productos investigados.

Respecto del primero, el Tribunal refiere los objetivos del Invima y las funciones relacionadas con el control y vigilancia de la calidad y seguridad de los productos establecidos en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 (siendo ellos medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, productos naturales homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico, y otros que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva.) y la autorización de publicidad señaladas en los artículos 2, 4.1 y 4.19 del decreto 1290 de 1994. (Se precisa que dicha norma está derogada por el decreto 2078 de 2012, no obstante hace alusión al decreto de 1994 en tanto era la norma vigente para la época en la que ocurrieron los hechos). Así mismo, analiza las funciones de la SIC en asuntos de protección al consumidor previstas en el decreto 3523 de 2009 (derogado por el vigente 4886 de 2011), particularmente las de realizar investigaciones administrativas por incumplimiento de las disposiciones legales en materia de protección al consumidor y la de impartir instrucciones, para concluir que cuando las investigaciones estén relacionadas con la “veracidad y suficiencia de la pauta publicitaria del producto que se ofreció al consumidor final, aspectos estos últimos regulados en el Estatuto del Consumidor” la competencia será de la SIC. En aquellos casos donde lo que origine la investigación se relacione con la calidad, idoneidad y seguridad de esos productos o con las autorizaciones previas de publicidad, la competencia es del Invima.

Frente al segundo,  la empresa sancionada alega que la SIC no adoptó  su decisión con base en un parámetro objetivo, es decir en una  prueba pericial o en un dictamen técnico. Al respecto,  el Tribunal revisó el análisis probatorio realizado por la SIC  para concluir que las pruebas obrantes en el expediente no fueron tachadas de falsas ni desvirtuadas por el demandante, que se analizaron todas las piezas probatorias valorándolas de manera objetiva y de las mismas dan cuenta de la violación a los derechos de los consumidores.  Resalta en el análisis que  dentro de las pruebas consideradas por la SIC  se encuentra un “estudio clínico” aportado por la investigada, que no  demuestra que el producto cumpla con las condiciones y beneficios atribuidos en la publicidad.

Es de precisar que la investigada solicitó la práctica de la prueba pericial en el recurso de reposición y en subsidio apelación y no durante la investigación administrativa. Dicha prueba fue rechazada por la SIC, alegando que contaba con material probatorio suficiente en el expediente, postura respaldada por el Tribunal.

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